Restringida la libre circulación en toda España durante 15 días

La principal consecuencia de esta excepcional medida diseñada para tratar de contener la rápida propagación del COVID-19 , que ya amenaza con colapsar los centros sanitarios en algunas partes del país, será la prohibición de circular por las vías públicas, es decir, de salir de casa, salvo para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazarse al lugar de trabajo y volver del mismo (aunque se alienta al teletrabajo en aquellos ámbitos en los que sea posible) y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

También estarán permitidos los desplazamientos a entidades financieras y de seguros, aquellas que deban realizarse «por causa de fuerza mayor o situación de necesidad» y «cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Sánchez habló varias veces durante su intervención de «sacar a pasear al perro» como actividad permitida. Pero también será posible ir a la gasolinera. Ahora bien, salvo las personas con dificultad de movilidad, que sí podrán ir acompañadas, el resto tendrán que moverse solas, no podrán ir en parejas ni en grupo.

Comercios protegidos

En línea con lo que ya habían decidido el viernes comunidades como la de Madrid, especialmente afectada por la pandemia, queda además suspendida toda la actividad comercial. Se salvan las tiendas que se dedican a la venta de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, los establecimientos farmacéuticos y médicos, las ópticas, los de productos ortopédicos e higiénicos, los de prensa, las citadas gasolineras y los estancos. Pero también podrán abrir las tiendas de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, las que se dedican a alimentos para animales, las tintorerías y las peluquerías.

Los ciudadanos podrán comprar también libremente por internet, teléfono o correspondencia. Y, aunque se cierran bares, cafeterías y restaurantes, sí se les podrá encargar comida a domicilio. El Ejecutivo justificó ayer estas excepciones en su deseo de evitar el daño económico a esos «pequeños motores» de la economía. «En todo caso -según subrayó el presidente del Gobierno- se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles los contagios».

También estarán también cerrados al público (ya lo estaban en algunos puntos del país pero ahora la medida se amplía a todo el territorio nacional) los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos actividades deportivas y de ocio.

Igualmente, al menos durante los quince días en los que estará en vigor el decreto -un plazo que puede prorrogarse, si fuera necesario, con la correspondiente autorización del Congreso- no será posible celebrar desfiles, fiestas populares o las verbenas. Lo que no se prohíbe es la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, siempre que se garantice la posibilidad de respetar la distancia de al menos un metro entre los asistentes.

El decreto, de hecho, es mucho menos restrictivo de lo que se había planteado inicialmente en algunos aspectos. En concreto, mantendrá el 100% de los servicios ferroviarios de cercanías y de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios marítimos y solo reducirá a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia y los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo.

Poderes extraordinarios

Serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales, situadas bajo el mando del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes garanticen el cumplimiento de estas restricciones, aunque Sánchez advirtió de que, en última instancia, también podrá recurrirse al Ejército. La norma establece un régimen sancionador que alcanza para las infracciones graves de grado máximo los 30.000 euros. Pero el jefe del Ejecutivo apeló en varias ocasiones a la responsabilidad civil para evitar tener que llegar a aplicarlo. «Si somos disciplinados estoy convencido de que frenaremos expansión de COVID-19».

En términos políticos, lo más espinoso de la medida adoptada ayer está en la concentración extraordinaria de poder que otorga al Ejecutivo, porque el estado de alarma permite poner bajo su mando a todas las administraciones públicas, requisar bienes o intervenir medios privados si es necesario para el interés general o incluso establecer prestaciones obligatorias. El decreto contra el coronavirus no contiene ninguna actuación concreta en este sentido pero sí habilita, por ejemplo, al ministro de Sanidad, Salvador Illa -que será la autoridad delegada para cualquier toma de decisión salvo las que tengan que tengan que ver con los ámbitos de actuación de la ministra de Defensa, el del Interior y el de Transportes- «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada y los que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico».