La Junta pide a Hacienda un anticipo de la financiación autonómica

El bloqueo institucional y la falta de Presupuestos del Estado para 2019, con la consiguiente prórroga de las cuentas de 2018, han impedido la actualización de las llamadas entregas a cuenta, las aportaciones mensuales que hace Hacienda como parte del sistema de financiación.

Como sucede cada año, en julio de 2018 el Gobierno comunicó a las comunidades autónomas el importe de esas transferencias previsto para el presente ejercicio. Con esa información los gobiernos regionales elaboraron sus presupuestos.

Sin embargo, como no hay cuentas estatales en 2019 esa actualización no se ha llevado a cabo, lo que ha supuesto un perjuicio para las arcas regionales. La Junta de Extremadura estima que, en cómputo anual, este año se recibirá 134 millones menos de lo que corresponde a la región.

A esto se suma que no se ha llevado a cabo la anunciada compensación por el cambio en la regulación del IVA que tuvo lugar en 2017. La reforma implicó que el mes de diciembre de ese año pasara a contabilizarse en 2018, lo que supuso que en la práctica la recaudación pasara de doce meses a once. Las comunidades pidieron al Gobierno que reintegrara esos fondos, algo que estaba previsto pero que tampoco se ha llevado a cabo por el bloqueo institucional. El Ejecutivo extremeño considera que debería percibir 86,2 millones por ese concepto.

En este contexto, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta, Pilar Blanco-Morales, remitió el pasado 10 de septiembre una carta al Ministerio de Hacienda en la que solicita que, «una vez superados los obstáculos asociados a los correspondientes trámites», el Gobierno pueda realizar esos pagos a las comunidades autónomas.

La carta añade la petición de que se concedan anticipos a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado correspondiente a 2019, aunque no se precisa ninguna cantidad.

La ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas recoge esta posibilidad para que «puedan hacer frente a desfases transitorios de tesorería, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de sus presupuestos».

Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, Extremadura ya recurrió a esta medida en el año 2012, cuando recibió 55,2 millones de euros.

Estos anticipos deben ser reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico en que se realicen, salvo si se conceden a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, como ha solicitado la Junta. En ese caso, se devolverán cuando se lleve a cabo esa liquidación, que en el caso de 2019 no se practicará hasta 2021. De ese modo, en ese ejercicio se produciría una merma de ingresos. Pero para entonces ya de debería haber articulado un mecanismo para compensar a las regiones por las entregas a cuenta que no se han formalizado este año.

La posibilidad de conceder anticipos a las comunidades autónomas se ha planteado en las últimas semanas como una solución a la imposibilidad de actualizar las entregas a cuenta por la ausencia de Presupuestos del Estado. Pero las limitaciones de un gobierno en funciones y la amenaza de un adelanto electoral complican que se recurra a esa medida.

En la carta remitida el pasado día 10 el Gobierno regional refrenda su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit, para lo que pone como ejemplo el esfuerzo realizado en los cuatro últimos años. En 2015 Extremadura estuvo cuatro veces por encima del límite permitido (2,8% del PIB sobre 0,7% autorizado), pero desde entonces ha mantenido una senda a la baja que le permitió cerrar 2018 con una desviación del 0% (a pesar de que había un margen del 0,4%).

Esto, unido a que el periodo de pago a proveedores se mantiene dentro de los límites legales, ha llevado a la comunidad a abandonar el procedimiento de control reforzado por parte del Ministerio de Hacienda en cuestiones como el envío de información contable.

Junto a esto, Blanco-Morales recalca que este esfuerzo también se plasma en la regla de gasto. Frente a un incremento de seis puntos porcentuales en el sector autonómico entre 2015 y 2018, solo Extremadura (tres puntos) y Cataluña (uno) han bajado sus niveles de gasto.

Además, recuerda que a finales de 2015 la Junta y Hacienda suscribieron un protocolo de intenciones para la financiación de proyectos de inversión en Extremadura por 120 millones a lo largo de tres años. De esa cifra, que pasaría a considerarse un adelanto de la deuda histórica cuando se llegue a un acuerdo sobre su pago, aún faltaría por ingresar 90 millones.

Todos estos datos evidencian que la Junta pide al Gobierno un esfuerzo para cumplir con los pagos pendientes, a lo que añade una petición concreta. Ante las dificultades para reformar el sistema de financiación, caducado desde 2014, demanda que se resuelva la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas con un reparto más equilibrado entre los fondos que corresponden a la Administración central y los que se transfieren a las administraciones regionales.