La falta de Gobierno congela los ingresos de 400.000 extremeños

En la región hay más de 90.000 empleados públicos cuyo sueldo depende directamente del Gobierno. No solo los 13.000 de la Administración del Estado, sino también los 48.000 de la Administración regional, los 26.500 de las Administraciones locales y los más de 3.000 de la Universidad de Extremadura.

El salario de estos empleados se suele revisar en la Ley de Presupuestos del Estado. Previendo las dificultades que podía haber para su aprobación, el Gobierno aprobó a finales del pasado año un real decreto-ley para actualizar las cuantías a abonar en todo el sector público.

Sin embargo, ahora el Gobierno está en funciones, lo que supone muchas limitaciones para aprobar normas de este tipo, como han alertado los sindicatos CSIF, UGT y CC OO en una carta remitida esta semana a Pedro Sánchez.

Sin una norma específica, se prorrogarían de forma automática las cuentas del 2018, con lo que no se podría aplicar el acuerdo alcanzado en marzo de ese año entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores para una subida salarial escalonada en tres años. En concreto, se pactó un incremento del 1,75% para ese ejercicio, lo que se plasmó en los Presupuestos del Estado; y del 2,25% para 2019, lo que se recogió en el citado real decreto. Como para el próximo año aún no hay ni de lo primero ni de lo segundo, el compromiso de incremento del 2% para 2020 quedaría por tanto en el aire.

La ausencia de un gobierno y unas cuentas en Madrid también es una mala noticia para los pensionistas. A finales del pasado año se publicó otro real decreto para la revalorización de las pensiones públicas. Como en el caso anterior, un Ejecutivo en funciones tiene dificultades para aprobar este tipo de normas.

Esa norma permitió aplicar una subida del 1,6% para este año. En caso de que no haya una norma parecida para 2020, será de aplicación la Ley General de la Seguridad Social (así como otras específicas), que establece que la revisión anual se llevará a cabo en función del índice de revalorización recogido en los Presupuestos del Estado. Las cuentas de 2018 fijaron una subida del 0,25%, a lo que se añadió un 1,6% en una disposición adicional, pero solo para ese ejercicio.

Según los últimos datos oficiales, a 1 de agosto de este año se abonaba en Extremadura 228.462 pensiones contributivas. La media nacional es de 1,1 por persona, con lo que el número de beneficiarios en la región afectados por esta congelación sería de cerca de 208.000.

A esto hay que sumar en la comunidad los 19.000 pensionistas de clases pasivas (una figura específica para funcionarios del Estado y militares, entre otros) y los 13.000 perceptores de pensiones no contributivas, para los que también se actualizan los valores en las cuentas estatales o por real decreto-ley.

Además de estas cuestiones, la aprobación de la Ley de Presupuestos también es necesaria para otras normas, como la fijación del Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). Se trata de un índice empleado para distintas cuestiones, como la concesión de ayudas públicas. Pero también se emplea para la actualización de prestaciones, como las de desempleo.

El Gobierno planteó en el proyecto de cuentas para 2019 subir el Iprem un 2% y situarlo en 548,60 euros mensuales. Pero como no salió adelante sigue en el nivel del pasado año, en el que a su vez se mantuvo la cifra de 2017: 537,84 euros.

El paro se cobra en función de la cotización de los meses trabajados, pero existen unos topes mínimos y máximos que dependen del Iprem. También se vinculan a este indicador los subsidios por desempleo, que son los que se abonan a quienes no hayan cotizado lo suficiente o hayan agotado la prestación, entre otras cuestiones. En este caso, corresponde al 80% del Iprem.

De esa forma, de un modo u otro la congelación de este índice puede afectar a todos los desempleados. Según datos de agosto, en Extremadura se abonan casi 77.000 prestaciones por desempleo.

Hay más cuestiones que están sobre la mesa, como la reforma del salario mínimo (que también se aplica para ciertas prestaciones). Sin olvidar, como recogen en su carta los sindicatos, la financiación de las comunidades autónomas, la parálisis legislativa o el desarrollo de infraestructuras. Y hay que tener en cuenta que, aunque saliera un gobierno de las elecciones del 10 de noviembre, no parece fácil que pueda haber Presupuestos del Estado para 2020 antes de la próxima primavera.