Aprobado en pleno por unanimidad el Recurso de Alzada contra la mina de uranio de la Cabra

Aprobado en pleno por unanimidad el Recurso de Alzada contra la mina de uranio de la Cabra
Última sesión plenaria celebrada. A.P

El Ayuntamiento solicita, entre otras cosas, una moratoria de la Resolución del Permiso de Investigación para realizar el preceptivo informe de la Radiación de Fondo en los términos afectados y la suspensión de todas las actividades a desarrollar hasta que se resuelva este Recurso de Alzada

Almudena Parra
ALMUDENA PARRA

El último pleno celebrado el pasado 31 de enero, incluyó en su punto cuarto la aprobación del Recurso de Alzada frente al permiso de investigación de la mina de uranio de la finca de la Cabra, en los términos municipales de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos (Badajoz), y autorización del Plan de Restauración.

Dicho recurso, que fue aprobado por unanimidad, se dirige a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura y se basa en 11 puntos de los que reproducimos un extracto.

El primer punto hace alusión al incumpliendo de las normas de información al personal afectado. Además de la publicación de la información y el ofrecimiento de acceso a las oficinas de la Administración, es también necesaria una notificación personal a las personas interesadas.

La Administración actuante incumple el art. 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del artículo 4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El segundo punto se basa en que se hace referencia a una ley preconstitucional e inconstitucional, de 1973. El hecho de que exista esta ley obsoleta, no libera a la Administración actuante de garantizar los derechos de las personas interesadas conforme a la legislación del procedimiento administrativo común, la transparencia y la participación pública en materia de medio ambiente.

El tercer punto se basa en el incumplimiento de las normas de informes de impacto o evaluación ambiental.

La empresa tiene la obligación de realizar una previa y adecuada evaluación del impacto ambiental exigida por la legislación vigente, también se produce respecto de la legislación de aguas. La Empresa minera firmante no ha sometido a evaluación de impacto ambiental el proyecto de investigación sometido a información pública.

El terreno objeto del citado «proyecto de investigación y plan de restauración» pertenece a la Red Natura 2000, aspecto que no es tenido en cuenta en ningún momento. La Administración actuante ha tramitado la solicitud del permiso de investigación de recursos, sin someterla a evaluación de impacto ambiental. Incumpliendo la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que establece que los proyectos que «puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000» deben ser sometidos a dicho estudio.

El cuarto punto se basa en la incompatibilidad con el desarrollo y la economía local sostenible.

Ni la promotora ni la Administración han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede suponer realizar una actividad industrial en las inmediaciones de un medio agrícola y ganadero, sustentos económicos de Villanueva del Fresno. Ni sobre el Turismo Rural generado por el embalse de Alqueva.

El detrimento de los usos tradicionales (ganadero y agrícola) junto con los generados por el turismo sostenible, a favor de un proyecto de minería es incoherente con la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 y sus 30 proyectos, cuyo objetivo es convertir a Extremadura en una comunidad de referencia en este ámbito; así mismo, contrario con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015-2030).

El quinto punto se basa en que el Plan de Restauración es inadmisible por la insuficiente información sobre la financiación del mismo.

Las labores se desarrollan en suelo protegido (dentro del perímetro, ZEPA-LIC Dehesas de Jerez y Corredor del río Alcarrache), de modo que si suponen el uso de explosivos; la apertura de un frente piloto; o utilizan maquinaria pesada, necesitarán evaluación de impacto ambiental abreviada (Ley 16/2015). En el Plan de Restauración no se hace mención alguna.

El sexto punto se basa en que el proyecto está enmarcado sobre patrimonio natural y espacios protegidos de elevada biodiversidad, geodiversidad y gran valor paisajístico.

Su conservación está amparada por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad mediante diferentes figuras y directivas europeas.

El séptimo punto se centra en que el sector agro- ganadero contribuye a la generación de riqueza y empleo, al cumplimiento de compromisos medioambientales, sociales e internacionales, creándose en las zonas rurales y en la industria agroalimentaria un valor añadido.

Los agricultores de Villanueva del Fresno se encuentran comprometidos actualmente en materia medioambiental, agraria, ganadera y biodiversidad, al igual que en un modo social y cultural a nivel regional/nacional y europeo.

El octavo punto se basa en que falta una evaluación sobre la afección a Portugal y a Alqueva.

Desde el Tratado internacional de 1864 hasta la última revisión del Convenio de la Albufeira del año 1998, las relaciones entre España y Portugal han venido evaluando las posibles afecciones sobre las cuencas de las aguas internacionales, es de obligado cumplimiento la notificación a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente para que la Comisión del Tratado de la Albufeira (CADC) evalúe y apruebe la posible afección sobre las cuencas internacionales, cumpliendo el convenio de 1998 sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas.

Por tanto, la administración que autoriza el permiso de investigación está obviando la legislación nacional que afecta a las relaciones internacionales en materia de aguas, pudiendo generarse un conflicto político y legal con un País miembro de la UE.

El noveno punto se basa en que no existen estudios sobre la Radiación de Fondo del entorno.

Al tratarse del otorgamiento de un permiso de investigación de una mina de Uranio que estuvo explotada en antaño, la administración otorgante, debiera haber basado los límites de radiaciones ambientales y sus umbrales en un estudio de la Radiación de Fondo existente en los términos municipales afectados. Así como la instalación de una Unidad Técnica de Protección Radiológica en cada uno de los municipios.

El décimo punto se basa en que hay una insuficiente garantía administrativa que permita la correcta restauración de los terrenos que pudieran ser objeto de prospecciones.

Por último, el punto undécimo se basa en que las labores de investigación minera y de extracción de mineral en zonas con recursos minerales de uranio, así como la restauración de antiguas minas agotadas, pueden dar lugar a riesgos radiológicos para los trabajadores, la población y el medio ambiente.

Existe riesgo de contaminación del aire, tierra y agua, con difícil solución descontaminante.

La experiencia en este tipo de minería a nivel mundial pone en evidencia que resulta prácticamente imposible evitar el aporte de contaminantes a las aguas. La contaminación generada por las minas de uranio persiste además en las aguas tiempo después de abandonar las explotaciones mineras y sus efectos pueden detectarse incluso décadas después.

El uranio es precursor del radón, por lo que la exposición de la población a este gas se incrementaría, especialmente en minas a cielo abierto como la de esta zona.

Con la presentación de este Recurso de Alzada el Ayuntamiento local solicita; una moratoria de la Resolución del Permiso de Investigación para realizar el preceptivo informe de la Radiación de Fondo en los términos municipales afectados, un informe de afección a las aguas internacionales y el preceptivo informe de la Comisión del tratado de la Albufeira, remisión a este Ayuntamiento de todo el expediente administrativo y técnico obrante en esa Dirección General, Declaración de Impacto Ambiental de la actividad a desarrollar, estudio de detalle de las posibles afecciones a las aguas superficiales y subterráneas por esa actividad, así como el plan de descontaminación de las mismas.

Además, se solicita el estudio de necesidades de recursos hídricos para el desarrollo de la actividad minera, estudio de impacto radiológico sobre las personas y el medio ambiente, presupuesto de ejecución del Permiso de Investigación y del Plan de Restauración, así como la incautación como garantía provisional para su ejecución de un importe igual o superior al presupuesto detallado por la empresa y depositado en la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura y suspensión de todas las actividades a desarrollar hasta que se resuelva este Recurso de Alzada.