Los afectados laboralmente por el COVID-19 podrán acogerse a un programa de ayudas al alquiler

Con la orden publicada este pasado 4 de abril en el Diario Oficial de Extremadura, se pretende solventar las situaciones de vulnerabilidad en el pago del alquiler por la expansión del Covid-19 y ayudar a personas con problemas transitorios causados por pérdida de empleos, reducción de jornadas y, por lo tanto, con una disminución o desaparición de sus ingresos.

La medida consistirá en otorgar ayudas directas durante 6 meses que servirán para sufragar el pago completo del alquiler con una cantidad máxima de 600 euros mensuales. Este programa de ayudas cuenta, inicialmente, con un presupuesto de 2.3 millones de euros que se podrá ampliar.

Requisitos

Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual cumplan cuatro requisitos.

El primero es que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, el inquilino de la vivienda haya pasado a estar en desempleo, sufrido un ERTE o, en el caso de que el arrendatario sea un empresario, que haya tenido una pérdida de ingresos del 40% debido a la reducción de la jornada de trabajo por motivo de cuidados u otras circunstancias.

El segundo requisito es que la unidad familiar no debe ingresar más de 1.613 euros brutos al mes (3 veces el IPREM); 2.151 euros (4 veces el IPREM) si la unidad familiar cuenta con un miembro con discapacidad igual o superior al 33%; o 2.689 euros (5 veces el IPREM), si en la unidad familiar hay una persona con discapacidad igual o superior al 65% o enfermedad grave. Estas cantidades se incrementarán por 0,1 por cada hijo o persona mayor de 65 años a su cargo y se añadirá 0,15 por cada hijo en unidad familiar monoparental.

Como tercer requisito la renta del alquiler (incluyendo los gastos y suministros básicos) debe ser igual o superior al 35% de los ingresos totales de la unidad familiar. Y, por último, el beneficiario de la ayuda no debe ser titular de ninguna vivienda.

Solicitud

La solicitud de las ayudas se hará por Internet antes del 30 de septiembre de 2020 a través del correo electrónico alquilercovid@juntaex.es. A la solicitud deberán añadir una copia completa del contrato de arrendamiento y la acreditación del pago de las tres últimas mensualidades de alquiler.

Esta prestación es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que perciba la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

Préstamos sin intereses

Este nuevo programa de ayudas de carácter finalista se implementa después de que el Gobierno de España aprobara el 31 de marzo un Real Decreto que permite la concesión de ayudas directas al alquiler a las personas inquilinas de vivienda habitual que, como consecuencia de estado de alerta sanitaria por el coronavirus, tengan serios problemas para atender al pago parcial o total del alquiler.

Ese Real Decreto también contempla un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial para desarrollar una línea de avales para que los bancos puedan ofrecer financiación a los inquilinos de vivienda habitual afectados por la crisis del Covid-19.

Se trata de un préstamo avalado por el Estado sin intereses ni comisiones destinado a pagar hasta seis meses del alquiler desde el 1 de abril y con un límite de 5.400 euros, es decir, 900 euros al mes. La entidad bancaria abonará directamente las mensualidades al propietario de la vivienda y el inquilino tendrá un plazo de seis años, ampliable a diez, para devolver el préstamo.

Este préstamo lo podrá solicitar el inquilino que se encuentre afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos a consecuencia de la actual crisis sanitaria. La solicitud se tramitará directamente en las entidades financieras habilitadas antes del 30 de septiembre de 2020.